Respuesta a la Diputada Jimena Latorre. Proyecto de Ley “Ampliación del Régimen de Zona Fría”

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) fue invitado por el presidente de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Nación en su específica y calificada calidad de organismo técnico y autoridad de aplicación de la Ley N° 24.076, a los efectos de contribuir al debate en torno al proyecto de Ley “Ampliación del Régimen de Zona Fría”. En este sentido, y desde un principio, el Organismo ha puesto a disposición de los diputados y las diputadas de los bloques del Frente de Todos, Consenso Federal y Unidad y Equidad Federal -a la sazón, autores del proyecto- sus gerencias con competencia en la materia. En consecuencia, el ENARGAS ha asistido a diversas reuniones, entre ellas la ocurrida el día lunes 7 de esta semana, reunión informativa con los legisladores y las legisladoras de las comisiones de Energía y Presupuesto, de la que también participaron organizaciones de usuarios y usuarias. Allí se debatió e intercambiaron opiniones, siendo que mi participación como Interventor de este Organismo Técnico especializado fue para, en efecto, realizar una breve explicación general de la iniciativa mencionada.

A fin de contribuir y promover el acceso de la ciudadanía, usuarios y usuarias en particular, así como el de los actores privados de esta industria a la información adecuada y veraz, toda vez  que ese acceso no solo se limita a la elaboración y divulgación de información nueva, sino a velar por la calidad de la existente y/o corregir errores o incorrecciones de interpretación en lo concerniente a las normas técnicas y jurídicas de los servicios públicos regulados por este Organismo; o bien toda iniciativa del tipo que sea que requiera intervención del ENARGAS, así como sus alcances y consecuencias, con ánimo de proseguir el debate en un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción del Congreso, sigue a continuación la respuesta a los argumentos planteados por la diputada nacional de Juntos por el Cambio de la provincia de Mendoza, Jimena Latorre.

Jimena Latorre (JL): “El único criterio que se toma en cuenta para ampliar el subsidio patagónico es el electoral”.

El único criterio utilizado para ampliar el régimen de zona fría se basa en la clasificación bioambiental del país definida por la norma IRAM 11603, vigente, que considera datos climáticos de diferentes estaciones del país, brindados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Dicha norma realiza una evaluación de las distintas zonas teniendo en cuenta los Grados Día (GD) para las necesidades de calefacción y clasifica las distintas zonas en base al denominado Grados Día -GD18, obtenido a partir de la sumatoria diaria de la diferencia de grados centígrados promedio para cada día del año, por debajo de los 18 °C. Así, con temperaturas inferiores a 18°C, se entiende que se requiere de algún tipo de calefacción en la vivienda para lograr el nivel térmico recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Sobre la base de las mediciones de las distintas estaciones del SMN, y los diferentes GD18 obtenidos, la norma divide todo el territorio de la República Argentina en 6 zonas: desde la Zona I “muy cálida,” hasta la Zona VI “muy fría”.

El proyecto de ley se propone incluir a las zonas IIIa (templado cálido, con aproximadamente 1100 °C/año) y IV (templado frío, entre 1170 y 1950 °C/año). Al respecto, aclarar que la utilización de la zona templada cálida, que si bien por su nombre daría a entender que no se corresponde con una “zona fría”, los datos del SMN muestran que existe solo una diferencia de 70 °C/año con relación al menor valor de la zona templada fría. Un caso que sirve de ilustración de las condiciones climáticas en la zona “templada cálida” es el partido de Olavarría, donde la temperatura en la temporada fresca tiene un máximo promedio diario menor a los 15 °C. 

JL: “Acá el problema es que el proyecto está partidizado. La mayor cantidad de localidades que se suman al proyecto, fuera de los criterios técnicos que ameritarían estas inclusiones, tienen más que ver con afinidades políticas y núcleos del electorado que con realidades térmicas y geográficas”.

El criterio es técnico. Ello lo demuestra que, en efecto, el proyecto tal cual se encuentra abarca las zonas definidas por la norma IRAM 11603, como la Zona IIIa “templado cálido”, Zona IV “templado frío”, Zona V “frío” y Zona VI “muy frío”. La norma presenta en la “Tabla B.1 – Competencia jurisdiccional de las zonas bioambientales”, el listado de los Departamentos de las provincias que conforman cada zona/s y subzona/s bioambiental. Lejos de perseguir un fin electoral, este proyecto posee un fundamento científico para establecer un tratamiento tarifario más igualitario, solidario y que procure reparar asimetrías históricas.

El proyecto de ley plantea el beneficio existente para la región de la Patagonia, la región de la Puna y Malargüe, incluyéndolos en las zonas bioclimáticas V y VI (fría y muy fría), con un nuevo plazo de 10 años que otorga previsibilidad. Además, incluye la zona bioambiental IV y la zona IIIa en el beneficio completo, que incorpora localidades y departamentos de 5 provincias.

La ampliación del régimen vigente para la región patagónica, Puna y Malargüe incorpora a los hogares de otras zonas del país que por condiciones climáticas tienen una importante demanda de gas. Lo antes indicado pone en igualdad de condiciones a segmentos postergados de la población, mejorando a su vez al régimen para dotarlo de mayor equidad y federalismo.

Como se verifica objetivamente, el proyecto de ley determina criterios objetivos, certificados por prestigiosos organismos técnicos del Estado que recopilan información durante años, pero a pesar de ello la Diputada Latorre parece que solo se enfoca en las localidades de su interés, a pesar de ser diputada por y para el pueblo de la Nación.

Para despejar cualquier tipo de dudas, sírvase la diputada la siguiente tabla. Del total de los nuevos beneficiarios y beneficiarias que se incorporan con este proyecto y que son aproximadamente 3,15 millones, el 55% corresponden a fuerzas políticas diferentes a las del Frente de Todos. O sea, 1,7 millones pertenecen a las provincias de Córdoba y Mendoza, departamento General Pueyrredón, Bahía Blanca, Tandil, etc. Y puede ser todavía mayor el porcentaje, dado que aquí solo relevamos solamente 109 departamentos de los 152 que se suman con la ampliación del régimen.

JL: “El beneficio se asigna al territorio y allí hay gente que tiene capacidad de pago y gente que puede acreditar atributos que merezcan su calificación de vulnerabilidad como ocurre con la tarifa social. En este caso este subsidio es pro-rico porque ayuda al que no necesita ayuda”.

En realidad, son dos dimensiones solapadas y sobre las que se está trabajando. Por un lado, hay que atender la cuestión geográfica y climática puesto que están en juego el derecho humano a una vivienda digna y el derecho humano a la salud, entre otros.

El proyecto de ley de zona fría en tratamiento contempla los distintos usos y la distinta intensidad en el uso del gas natural como energético en los hogares. Y ello deriva no de aspectos socioeconómicos, sino de factores estrictamente ambientales, climáticos y de la cumplimentación o no de derechos humanos. Como ya se mencionó, lejos de tener un criterio electoralista, este proyecto busca subsanar o reparar desigualdades históricas.

Por el otro lado, la segunda dimensión es la socioeconómica. El Presidente de la Nación pidió expresamente que los subsidios lleguen a quienes tienen que llegar. Para eso se está trabajando en conjunto (los entes reguladores, la Secretaría de Energía, el Ministerio de Economía, ANSES, AFIP, SINTyS y RENAPER, entre otras áreas y jurisdicciones del Estado) en la elaboración de una segmentación de perfiles para mejorar y focalizar los subsidios energéticos. Como ya se mencionó en otras oportunidades, el objetivo es priorizar a los sectores más vulnerables y así eficientizar la asignación de subsidios. Además, producto del desguace que que se verificó al asumir nuestra gestión de los programas específicos como la Tarifa Social y el Programa Hogar, debe ponerse el foco también en ampliar, no solo la cobertura, sino también el monto del subsidio correspondiente.

JL: “El que realmente necesita ayuda, aquel que no está conectado a la red, va a ver demorada su conexión porque los fondos públicos son un recurso finito y se va a ver afectada la inversión en obras”.

El Gobierno Nacional lleva adelante, entre otros, el Programa Argentina Construye, que posee una línea de trabajo para “Conexiones Domiciliarias” dentro del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat para otorgar créditos para refacción de las viviendas entre las que se incluyen las instalaciones de gas, para que los usuarios y usuarias puedan ejecutar sus instalaciones internas para conectar a la red.

JL: “Es mentira que el subsidio se solventa con el fondo fiduciario. El fondo se creó en 2002 para cubrir 980 mil hogares y ahora se suman 3,1 millones de hogares más. Los que lo reciben son más y los que aportan son menos. El interventor no entiende cómo funcionan los fondos fiduciarios. Habló de autofinanciamiento y no es así”.

El fondo fiduciario se creó en 2002 y en ese entonces el recargo sobre el precio del gas en boca de pozo, que se aplica sobre las ventas de gas que se realizan en todo el territorio nacional, era de cuatro milésimos de peso por metro cúbico (0,004 $/m3). Con esa recaudación se financiaban las compensaciones. ¿Qué pasó con ese fondo durante la gestión de Cambiemos? Pues bien, en el año 2017, producto del incremento tarifario injusto e irrazonable, que en particular recrudeció en la Patagonia, el fondo fiduciario quedó muy descompensado, ya que los montos de las compensaciones crecieron exponencialmente al ritmo de los aumentos siderales del precio del gas y de la fijación de las tarifas producto de la RTI efectuada en la gestión del ex presidente Macri, que como es de público conocimiento, tuvo severas e insalvables irregularidades que perjudicaron a los usuarios y las usuarias del servicio público y que llevaron al Presidente de la Nación a suspender esa RTI de 2016/17 mediante el Decreto 1020/20.

¿Qué hizo el gobierno del ex presidente Macri con el recargo para el régimen de zona fría? A fines de 2017, redefinió el recargo como un porcentaje del precio del gas en boca de pozo, encubriendo un aumento muy importante desde aproximadamente 0,1% (el equivalente de esos 0,004 $/m3) hasta 2,58%. Con el nuevo recargo, el régimen se autofinanció, aunque a expensas de reducir los aportes directos del Tesoro y cargarle esa diferencia a todos los usuarios y las usuarias del servicio público. Posteriormente, y al ritmo de los sucesivos aumentos tarifarios, el recargo debió corregirse al alza (aumentarlo), primero a 2,96% a fines de 2018 y luego a 4,46% en mayo de 2019. Y no solo eso, sino que en cada oportunidad el entonces oficialismo aprovechó para recortar el beneficio de la tarifa diferencial, primero a un 60% del cuadro tarifario pleno, mientras que en octubre de 2018 al 50% del cuadro pleno (valor actual). Por cierto, el 4,46% del recargo de 2019 es el valor vigente. Por ejemplo, tomando el caso de un usuario R1 de la subzona tarifaria Buenos Aires Norte (Naturgy BAN), que consuma 20 m3, hoy paga $6,68; y en el origen pagaba $0,08, lo significa un incremento en pesos de 6,60.

Asimismo y como fuera dicho, ese aumento del recargo, en paralelo al recorte del beneficio, y que por supuesto no implicó agregar siquiera 1 solo usuario o usuaria al régimen de zona fría, se dio en paralelo a aumentos exponenciales en los cortes de suministro por imposibilidad de pago (249% entre 2016 y 2017; 186% entre 2016 y 2019), la eliminación de 790.000 beneficiados por tarifa social entre 2018 y 2019 y de 1 millón de usuarios del Programa Hogar. En la provincia de la diputada Latorre, los beneficiarios con tarifa social cayeron un 35% entre 2017 y 2019, pasando de casi 85.000 a 55.000.

Volviendo al argumento de Latorre, la ampliación de beneficios prevista en el proyecto de ley puede ser financiada enteramente con una variación del recargo desde ese valor de 4,46%. Como mencioné en la sesión informativa del lunes 7 de junio, teniendo en cuenta los precios del gas y la aplicación del régimen tarifario de transición, se requeriría un total de entre 26.000 y 29.000 millones de pesos para fondear el régimen vigente más la ampliación, lo cual podría conseguirse con un recargo del 5,44%. Ello así, dado que los 849.965 beneficiarios actuales son cubiertos con 13.029 millones, quedando un excedente de 10.688 millones de pesos; y dado también que cubrir la ampliación (3,1 millones de nuevos beneficiarios) necesita un adicional de 15.900 millones, de los cuales 10.688 ya son cubiertos por el citado excedente, quedan solamente por cubrir (recaudar) unos 5.211 millones (diferencia entre el adicional de 15.900 millones menos el excedente de 10.688 millones). Esos 5.211 millones por saldar son precisamente los que aporta el incremento del recargo del 4,46% al 5,44%. Consecuentemente, el régimen de zona fría seguiría autofinanciándose con lo recaudado por el nuevo recargo.

En síntesis, entre 2017 y 2019 el macrismo aumentó el recargo más de 4 puntos porcentuales, siendo que con dicha ampliación no solo no incorporó regiones o zonas al beneficio, sino que contrajo el porcentaje de descuento de la tarifa diferencial. Inversamente, en este proyecto de ley se propone incorporar más de 3 millones de nuevos beneficiarios, con un incremento de tan solo un punto porcentual, aprovechando el excedente citado para extender el beneficio a 3,1 millones de beneficiarios (cerca de 13 millones de personas o 28% de la población) en lugar de usar ese excedente para reducir el recargo y mantener este reclamo histórico pisoteado como efectivamente hizo Cambiemos durante todo su gobierno y muy a pesar de un servicio público devenido en bien de lujo.